02
Jul
2015

Que el árbol no tape el bosque. Declaración del 2 de julio

Como consecuencia del estado público que tomó la situación del Dr. Luis María Cabral, se puso en evidencia una vez más, una problemática que preocupa y sobre la cual se ha pronunciado este Colegio. Desaprobamos el hecho de que decenas de juzgados nacionales y federales vacantes se encuentran más allá de lo prudente y necesario a cargo de jueces subrogantes. Declaración completa.

Que el árbol no tape el bosque

Como consecuencia del estado público que tomó la situación del Dr. Luis María Cabral, se puso en evidencia una vez más, una problemática que preocupa y sobre la cual se ha pronunciado el Colegio de Abogados de San Isidro.-
Desaprobamos enfáticamente el hecho de que decenas de juzgados nacionales y federales vacantes se encuentran más allá de lo prudente y necesario a cargo de jueces subrogantes, esto es, magistrados que no han sido nombrados para ese cargo.-
Sin perjuicio de las responsabilidades que le caben a los Poderes del Estado, el escenario mencionado responde al deficiente funcionamiento del Consejo de la Magistratura Nacional. Tal como este Colegio lo viene denunciando, la reforma de la ley 24.397 provocó la parálisis casi total del órgano.-
En este sentido, nos alarma que se ponga tanto énfasis en reemplazar subrogantes por subrogantes, y no trabajar para reemplazar definitivamente a dichos subrogantes por magistrados titulares, que hayan sido seleccionados y nombrados conforme lo establece el art. 114 de la Constitución Nacional.-
La circunstancia antedicha en orden a la falta de designación de jueces, sumada al nulo control del sistema de administración de justicia y de la casi inexistente remoción de magistrados, no hace más que poner al desnudo la ineficacia -en todas las instancias de funcionamiento- para la que fue creado tal órgano.-
Para este Colegio de Abogados, no se puede garantizar la independencia del Poder Judicial si la designación de los jueces no se realiza a través de concursos transparentes. De esta manera, se asegura un sistema de selección que tenga como premisa la idoneidad de los futuros magistrados.-
Cabe decir que todo lo expuesto se replica en la Provincia de Buenos Aires, donde la existencia de los denominados jueces “suplentes”, “itinerantes” y “subrogantes”, crece día a día en desmedro de los justiciables.-
No podemos dejar de señalar que la realidad expuesta no hace más que vulnerar la garantía del juez natural y el correcto funcionamiento del sistema de administración de justicia.-
Que el árbol no tape el bosque.
Cuando los subrogantes entran por la puerta, la justicia sale por la ventana.-

Consejo Directivo del Colegio de Abogados de San Isidro, 2 de julio de 2015.

Noticias

A partir de los graves hechos que son de público conocimiento, el Consejo Directivo ha tomado la decisión de constituirse en denunciante y promover el juicio político de la Dra. Julieta Makintach.
El Colegio de Abogados de San Isidro, a través de su Presidenta Dra. Guillermina Soria, miembro titular del Consejo de la Magistratura de la Pcia. de Bs. As., informa que en el día de ayer el Senado provincial dictó el acuerdo para la cobertura de 23 vacantes del departamento judicial de San Isidro.
Les compartimos un reportaje del día de hoy.
En relación a la pretendida desregulación de actividades de profesiones universitarias y no universitarias, la Presidenta del Colegio de Abogados de San Isidro Dra. Guillermina Soria expone de manera pormenorizada y contundente los fundamentos en contra de la viabilidad del proyecto de ley (Nro.1677-D-25).
Número 6. Desde Área Académica te invitamos a compartir la Revista Jurídica de San Isidro, Serie Contemporánea Nro.VI disponible en versión digital.
Centrada en el tema "Planificación sucesoria", también versa sobre temas académicos variados y jurisprudencia.
Ante los hechos de público conocimiento surgidos durante el debate oral relacionado con el fallecimiento de Diego Armando Maradona, los cuales dieron lugar a una investigación penal, el Colegio de Abogados de San Isidro expresa su profunda preocupación e insta a las autoridades judiciales a garantizar el adecuado funcionamiento del servicio de administración de justicia, asegurando la máxima transparencia en el desarrollo del proceso.