19
Mayo
2016

Acción de amparo contra la Provincia por el conflicto judicial, declarada admisible

El COLPROBA, del que forma parte activa y permanente este Colegio, inició la acción de amparo contra la Prov. de Bs.As., motivado en el irregular funcionamiento del servicio de justicia que nos afecta como ciudadanos bonaerense de las garantías constitucionales del acceso a la tutela judicial continua y efectiva, y como abogados el ver cercenada la garantía que protege el derecho al trabajo. Esta acción fue declarada admisible el 18-5-2016.

El Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, del que forma parte activa y permanente el Colegio de Abogados de San Isidro,  inició la acción de amparo contra la Prov. de Buenos Aires, que recayó en el Juzgado Civil y Comercial nro. 10 del Departamento Judicial de La Plata, motivado en el irregular funcionamiento del servicio de justicia que nos afecta como ciudadanos bonaerense de las garantías constitucionales del acceso a la tutela judicial continua y efectiva, y como profesionales del derecho al ver cercenada también la garantía que protege el derecho al trabajo ( art. 14 de la Constitución Nacional y arts. 15 y 27 de la Constitución Provincial).
Se solicitó en consecuencia el restablecimiento definitivo de la prestación regular del servicio de justicia, a través de las medidas que aseguran el cumplimiento pleno del servicio de justicia.
El 18 de mayo del corriente la acción fue declarada admisible, corriéndose traslado a la parte demandada por el plazo de cinco días, debiendo notificarse en la persona del Sr. Fiucal de Estado de la Provincia de Buenos Aires.

  • El texto completo del proveído del 18 de mayo de 2016, puede leerse aquí.

 
Noticias relacionadas
*---Resolución 887 de la SCBA:  asegura e insta a los Magistrados a la atención en Tribunales (18-V-2016)
El máximo Tribunal provincial, declara - a instancias del pedido de la colegiación bonaerense- por Res. 887, que incumbe primordialmente a la Suprema Corte el resguardo y la preservación de la regular prestación para que efectivamente se asegure a los habitantes de esta Provincia su legítimo derecho constitucional de acceso a la justicia y su tutela continua y efectiva (arts. 15,164 y 189 de la Constitución Provincial).
 
El Consejo Sup. del Colegio de Abogados de la Prov. de Bs.As. – COLPROBA – que reúne los 20 colegios departamentales- emitió un duro comunicado pidiendo de manera urgente el restablecimiento del servicio de justicia que está perjudicando a los bonaerenses y a los abogados en ejercicio. El Presidente del CASI, Dr. Guillermo E. Sagués participó en La Plata de esa reunión y suscribió la declaración que se transcribe.
Fuentes
COLPROBA

Noticias

A partir de los graves hechos que son de público conocimiento, el Consejo Directivo ha tomado la decisión de constituirse en denunciante y promover el juicio político de la Dra. Julieta Makintach.
El Colegio de Abogados de San Isidro, a través de su Presidenta Dra. Guillermina Soria, miembro titular del Consejo de la Magistratura de la Pcia. de Bs. As., informa que en el día de ayer el Senado provincial dictó el acuerdo para la cobertura de 23 vacantes del departamento judicial de San Isidro.
Les compartimos un reportaje del día de hoy.
En relación a la pretendida desregulación de actividades de profesiones universitarias y no universitarias, la Presidenta del Colegio de Abogados de San Isidro Dra. Guillermina Soria expone de manera pormenorizada y contundente los fundamentos en contra de la viabilidad del proyecto de ley (Nro.1677-D-25).
Número 6. Desde Área Académica te invitamos a compartir la Revista Jurídica de San Isidro, Serie Contemporánea Nro.VI disponible en versión digital.
Centrada en el tema "Planificación sucesoria", también versa sobre temas académicos variados y jurisprudencia.
Ante los hechos de público conocimiento surgidos durante el debate oral relacionado con el fallecimiento de Diego Armando Maradona, los cuales dieron lugar a una investigación penal, el Colegio de Abogados de San Isidro expresa su profunda preocupación e insta a las autoridades judiciales a garantizar el adecuado funcionamiento del servicio de administración de justicia, asegurando la máxima transparencia en el desarrollo del proceso.