07
Abr
2021

Reportaje radial al Dr. Santarelli

Los invitamos a escuchar un reportaje al Dr. Fulvio Santarelli quien a la par de comentar cuestiones vinculadas a las falencias del servicio de justicia, al afán colaborativo del Colegio de Abogados, a las incumbencias del Ministerio de Justicia y otros temas de actualidad, formuló propuestas superadoras.

El Dr. Fulvio Santarelli, en un reportaje en el programa BigBang de  Radio Federal AM810 desgranó comentarios que destacamos a continuación.

reportaje

La justicia y la asignación de recursos

Todo el sistema de la justicia en general carece de eficacia, es un problema primordial. Un 70% del presupuesto del sistema judicial está asignado a las remuneraciones, quedando menos de un 30% destinado a infraestructura, adecuación edilicia, transformación digital, inversión electrónica, investigación, además de insumos esenciales, por ej. Investigaciones de ADN, Cámaras Gesell para problemas de menores, que en definitiva garantizan una efectiva defensa del derecho en juicio.
Razón por la cual hay que realizar un trabajo de asignación de recursos con una gran capacidad de gerenciamiento. En este caso, el “gerenciamiento” es un concepto compatible que aplica muy bien porque se refiere a la “eficacia” de la administración de justicia.

Celeridad

El otro problema es la falta de celeridad de los procesos. Se trata de todo aquello que requiere una respuesta efectiva e inmediata para los ciudadanos, incluso como reacción aleccionadora. Ante una tropelía, un delito, la gente quiere una respuesta rápida del sistema: una sanción, sea una multa o la pena que corresponda, pero que haya una relación lógica entre el hecho y la sanción que se sufre.

La justicia y la política

Separar el “resultadismo de la justicia “para ciertos personajes. La justicia siempre está sometida a esos vaivenes y en todo caso el período de independencia será una cuestión mejorable, porque es natural que las tensiones existan. Para minimizarlo no es necesario llegar a una reforma constitucional y es mejor reconciliar algunos conceptos.

No está mal que la política tenga su influencia en la designación de los jueces. Como contra cara los cargos de los jueces son vitalicios, por lo que están más allá de cualquier período electoral. Si en cambio, sus designaciones fueran a término iríamos a la partirización de la justicia que es distinto que a la politización de los jueces.

La función del Ministerio de Justicia

No es parte del Poder Judicial, sino que lo es del Poder Ejecutivo.

Hoy se ve a un Ministro de Justicia como una especie de lobbysta del Poder Ejecutivo en la Justicia. Si bien cada uno da al cargo la forma que estime conveniente, si el PE es gestión, entonces el primer renglón a completar debiera ser ocuparse de los problemas pendientes.

El primero de ellos, la eficacia. Hacer que la justicia sea eficiente.

En segundo lugar ser un “facilitador”, en el sentido de llevar propuestas para que el servicio de justicia funcione con una adecuada estructura legal. Un ejemplo para comenzar a resolver la cuestión sería recuperar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, restaurando la representación de sus miembros. Después de la reforma del 2005 se acentuó la representación del estamento político. Eso fue inconstitucional. Debiera volverse al régimen anterior que era más equilibrado con los estamentos extra poderes. Hoy, los Colegios de Abogados, toda la abogacía organizada, tiene un solo representante.

No está mal que el Ministro de Justicia se reúna con los jueces. El asunto es la agenda, los temas de conversación, como sería el de las causas, por citar un ejemplo.

Orden de prioridades

Para que la justicia sea creíble para la ciudadanía habría que establecer un orden de prioridades para marcar nuevamente su rumbo y que vuelva a ser un ente respetado.

Pandemia

La justicia en ocasión de la pandemia sufrió un proceso similar al de la educación. Ambas no estuvieron a la altura del servicio que debieran prestar.

Qué falta

El auto convencimiento de que la justicia es un servicio esencial.

Todas las oficinas de la justicia (provincial o nacional) tienen un horario de atención de medio turno. Podrían haberse organizado sistemas presenciales de medio día con personal rotativo para asegurar la continuidad de los procesos; turnos de mañana y tarde para que las instancias presenciales pudieran seguir adelante. Si los procesos ya eran lentos ahora lo serán más.

También hay una cuestión actitudinal, una exacerbación de la presencia gremial –provincial y nacional- que por el cuidado de la salud de los empleados, directamente no cumplen ninguna función; totalmente dispar a la situación de los médicos. Los bienes y la seguridad de las personas también son importantes.

Otro punto es la infraestructura, la reconversión rápida del sistema de fiscales. Los Colegios de Abogados han  hecho un esfuerzo enorme en reconvertir a sus matriculados dotándolos de los recursos digitales necesarios para aprender a usar esas herramientas, entonces el Poder Judicial debiera ir a la misma velocidad.

Qué reclamamos

Reclamamos la toma de conciencia y la puesta sobre la mesa de estos temas comunes, que tal vez la colegiación pueda ayudar a resolver. Un ejemplo: si se están necesitando más instalaciones para tomar más audiencias, los Colegios contamos con instalaciones con capacidad para compartirlas. O un teatro municipal u otros predios que ayuden a la justicia a organizar las instancias que falte implementar.

Redefinir el servicio de administración de justicia. Qué se quiere con la Justicia y qué justicia queremos en términos de eficacia y de gestión concreta de resultados. A colación: la paupérrima infraestructura de los juzgados de familia, situación a la que se llegó por desinterés en la gestión -en definitiva lo que no se mide se degrada-; que no se soluciona creando más Juzgados. sino cuentan con  los elementos necesarios ni personal capacitado para su atención.

Medidas excepcionales, ASPO

Las medidas excepcionales de restricción  a la libertad individual se justifican si tenemos una demostración concreta de su utilidad y guardan el principio de razonabilidad. Que el daño que cause la restricción excepcional sea menor al daño que se pretende impedir.

Y si ahora no hay dinero para comprar vacunas, como consecuencia de la parálisis económica  que hoy acontece, significa que la  restricción resultó ser excesiva de cara a lo que se pretendía prevenir. Ya no se trata del hartazgo de la gente, sino de ver que una nueva restricción sería más letal que lo que se persigue evitar.

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