02
Oct
2023

Enérgico repudio al proyecto de ley sobre divorcios en sede administrativa

El Colegio de Abogados de San Isidro adhiere a la declaración del Colegio provincial que expresa su más enérgico repudio al proyecto de ley 3287-D-2023 ("Proyecto de Ley sobre Divorcios en Sede Administrativa") instando al Poder Legislativo para que cumpla con su función, respetando la división de poderes que es esencial en nuestro Estado de Derecho.

No todo se trata de abreviar plazos y costos

Nuestro más enérgico repudio al proyecto de ley 3287-d-2023 («proyecto de ley sobre divorcios en sede administrativa)»

Ahesión del CASI. Declaración de COLPROBA

El proceso de divorcio va más allá de la “simple disolución de un matrimonio y la posibilidad de contraer nuevas nupcias”. Implica una serie de consideraciones legales que ejercen un impacto significativo en la vida de las personas y su entorno.
Los Abogados y Abogadas aportamos una construcción de valor a la sociedad en su conjunto y en nuestro ejercicio profesional garantizando el respeto de los derechos de todos los involucrados.

Celebrar acuerdos que no cumplan con los requisitos legales pueden dar lugar a disputas judiciales costosas y prolongadas, sin perjuicio de las nulidades que acarrea la celebración de acuerdos sin cabal comprensión de sus términos, sin discernimiento, sin libertad y muchas veces en contextos de violencia.

Intentar trasladar los divorcios fuera del ámbito de la justicia especializada en Derecho de Familia muestra un supino desconocimiento de los principios fundamentales que sustentan nuestro Estado de Derecho, como la división de poderes y la administración de justicia; así como una clara intención de afectar a aquellos que se encuentran en relación de asimetría o en situación de vulnerabilidad.

Por lo tanto, el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires expresa su más enérgico repudio al proyecto de ley 3287-D-2023 («Proyecto de Ley sobre Divorcios en Sede Administrativa») y hace un llamado al Poder Legislativo para que cumpla con su función de manera adecuada, respetando la división de poderes que es esencial en nuestro Estado de Derecho.