Declaración. Por el pleno funcionamiento de la Justicia

Comenzando un nuevo periodo judicial, a 11 (once) meses del inicio de la pandemia quedan aún pendientes de solución aspectos fundamentales de los juicios, que los mantienen paralizados. Nuestro Colegio no declina del diálogo ni de las acciones concretas. Compele a la SCBA, al Min. Público y a los funcionarios en particular a arbitrar los medios para reestablecer el pleno funcionamiento del Poder judicial como prenda de paz e institucionalidad para el pueblo argentino, en esta emergencia.

POR EL PLENO FUNCIONAMIENTO DE LA JUSTICIA

 

El año 2020 mostró –como nunca antes- todas las falencias del Poder Judicial tanto a nivel nacional como provincial.

Comenzando un nuevo periodo judicial, a nada más y nada menos que 11 (once) meses del inicio de la pandemia quedan aún pendientes de solución aspectos fundamentales de los juicios, que los mantienen paralizados.

El sistema virtual no logró ser sustituto de la presencialidad, ni en su implementación, ni en la infraestructura edilicia o tecnológica. Menos aún en la predisposición de los recursos humanos para organizar turnos (mañana y tarde), suspender ferias y realizar actividades esenciales para cumplir con los actos procesales presenciales u orales que resultan cruciales en todo tipo de juicios, a excepción de unos pocos que demuestran que es posible hacerlo.

Todo ello interrumpe la secuela de los juicios sin perspectivas de continuidad.

Las circunstancias perjudican muy particularmente el trámite de los procesos urgentes; el ejercicio de una defensa penal adecuada; la defensa del crédito de los más vulnerables y la protección al crédito en general, comprometiendo con ello el acceso a la justicia.

Estos hechos, sumados a la realidad inflacionaria, erosionan los créditos que las sentencias provinciales sujetan a tasas pasivas o puras desnaturalizando la función de mantener incólume el patrimonio del acreedor y violando el derecho de defensa, el derecho de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad.

El Colegio de Abogados de San Isidro no declina del diálogo ni de las acciones concretas: de hecho, se ofrecieron instalaciones y recursos que solucionarían las dificultades en el avance con la oralidad, pero estos no fueron aceptados. Tampoco aceptan los jueces y funcionarios de nuestro departamento judicial brindar información que debe ser pública. Esta institución debe sincerar ante la población la acuciante situación de la administración de justicia.

Por lo tanto, compele a la Suprema Corte de Justicia, al Ministerio Público y a cada uno de los funcionarios en particular a arbitrar los medios para restablecer el PLENO FUNCIONAMIENTO DEL PODER JUDICIAL como prenda de PAZ e INSTITUCIONALIDAD para el pueblo argentino en esta emergencia.

 

San Isidro, 5 de febrero de 2021.