El Colegio de Abogados de San Isidro intervino como parte acusadora durante todo el proceso, sosteniendo la acusación y acompañando las actuaciones que derivaron en la remoción.
La decisión se adoptó tras dar por acreditadas las faltas vinculadas al ejercicio de sus funciones, consideradas conductas incompatibles con los deberes de imparcialidad, reserva y responsabilidad institucional exigidos a la magistratura.
