La FEDERACIÓN ARGENTINA DE COLEGIOS DE ABOGADOS expresa su profunda preocupación por las agresiones sufridas por el abogado Enrique Courtade en el interior de una comisaría de la ciudad de Concepción, Pcia. de Tucumán. Este hecho de por sí muy grave, se suma a otros de mayor violencia aún, ocurridos días atrás en los que habiendo intervenido fuerzas policiales de esa provincia terminaron con la muerte de Luis Espinosa y Ceferino Nadal.-
Sin perjuicio de la investigación judicial, la determinación de las responsabilidades penales y la condena de los autores materiales en cada uno de los hechos, y la total e incondicional solidaridad de esta Federación con el colega agredido, resulta necesario que el Sr. Gobernador de la Provincia de Tucumán arbitre las medidas urgentes tendientes a impedir la continuidad de prácticas reñidas con la ley por parte de agentes de la policía; como así la inmediata separación o exoneración de los superiores jerárquicos que política o administrativamente hubieren instado, consentido o avalado el empleo de prácticas claramente violatorias de los derechos humanos e impropias de un sistema democrático.
En orden a lo señalado, la abogacía organizada de todo el país se solidariza con el colega víctima de la agresión policial y acompaña con igual preocupación los términos de la presentación realizada ante el sr. Gobernador por el Colegio de Abogados de Tucumán compartiendo las solicitudes allí formuladas.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de julio de 2020
Declaración del COADEM
Expresa su solidaridad con el Dr. Enrique Courtade y todo su grupo familiar por la agresión policial sufrida.
Expresa el acompañamiento a las declaraciones que ha efectuado la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) en respaldo del Colegio de Abogados de Tucumán respecto de la solicitud efectuada al Sr. Gobernador de esa Provincia en aras de la determinación de las responsabilidades penales y la condena de los autores materiales de cada uno de los hechos, como así también de que se arbitren las medidas más urgentes en aras de impedir la continuidad de prácticas reñidas con la normativa vigente y con las básicas normas de convivencia y decoro; que atentan contra el libre desempeño de las Instituciones de un país.
